Ciudadanas y ciudadanos de Madrid:

Hoy hemos tomado las calles. Hoy miles de personas hemos salido de nuestras casas y hemos despertado de nuestros afanes cotidianos para expresar nuestro firme rechazo a una nueva norma de dominación: los tratados bilaterales de comercio e inversión. Hemos centrado nuestra protesta en el proyecto de acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos, el conocido como TTIP por su siglas en inglés. Pero hay otros que nos afectan igualmente: el ya firmado, pero pendiente de ratificación, CETA, entre Canadá y la Unión, y el peligrosísimo TISA, negociado entre 50 países, que supondrá la puerta de entrada a numerosas privatizaciones de los servicios públicos. En todas estas negociaciones los 28 estados de la Unión Europea figuran como uno solo, representado por la Comisión.

Estos tratados son el camino que han encontrado las grandes empresas transnacionales para tomar el poder, más allá de la cáscara democrática que dicen defender.

Negocian los tratados altos funcionarios de las partes que buscan el acuerdo, pero detrás de ellos están los dirigentes de gigantescas empresas y sus lobbys.

Negociaciones realizadas hasta ahora en absoluto secreto, tanto hacia la ciudadanía, como a nuestros representantes democráticos, en el Parlamento Europeo y en los parlamentos nacionales.

Nuestra presión ha obligado a la comisión y al Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno a romper, muy parcialmente, su secreto. Solo declaraciones de intenciones, directrices. Nada de consensos consolidados. Aún así, han puesto al descubierto sus mentiras y verdaderos propósitos.

El Mandato con las directrices de negociación dado por el Consejo Europeo a la Comisión, desclasificado 16 meses después de su otorgamiento, contiene en varios de sus puntos referencias a la defensa de “Valores compartidos en ámbitos tales como los derechos humanos, las libertades fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho.”

El Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 26 de junio de 2014, en Ginebra, una resolución histórica para establecer un grupo de trabajo intergubernamental bajo el mandato de elaborar un instrumento internacional legalmente vinculante, que obligue a las grandes transnacionales y a otros inversores a cumplir las normas para proteger los derechos humanos.

La Unión Europea y los Estados Unidos votaron en contra de esta resolución.

Y es que el TTIP, y el resto de Tratados Bilaterales, darán lugar al 80% de sus beneficios, según afirmaciones de sus responsables, por la vía de reducir los costes impuestos por la burocracia y las reglamentaciones, así como de liberalizar el comercio y la contratación pública. Vemos por tanto que el respeto a los derechos humanos sale caro y es más importante el lucro de todos estos grupos de interés.

En este nuevo orden mundial los Estados y las personas que los conformamos nos veremos reducidas al vasallaje a las multinacionales.

Los dos mecanismos fundamentales que contribuirán a esto y a lograr la reducción de costes son el Consejo de Cooperación Regulatoria, cuya misión es velar para que normas actuales o futuras no perjudiquen los intereses de las transnacionales, y el sistema de resolución de controversias Inversor-Estado, conocido como ISDS, que ya figura en el CETA.

Menos costes para las grandes empresas transnacionales, más costes para la ciudadanía.

Costes que significan reducción de salarios, pérdida de empleos, mayor precarización, practica supresión del derecho a la intimidad, menor seguridad alimentaria, menos respeto a la tierra y al medio ambiente, pérdida de derecho a la sanidad, a la enseñanza y a otros servicios esenciales como el agua y la energía, limitaciones a la capacidad de las corporaciones locales para llevar a cabo políticas de desarrollo y empleo, y la cláusula de irrevocabilidad del TISA, que impedirá remunicipalizaciones de cualquier tipo.

Esa reducción de costes se logra armonizando a la baja las normas de seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente, la protección de la salud, los derechos sindicales. Porque la norma menos exigente es la más barata, la que produce mayores beneficios a la gran empresa. Y si algún Estado tiene la tentación de promulgar una nueva ley que atente contra la normativa establecida en el TTIP, una ley por la que una empresa puede considerar que sus beneficios se reducirán, la empresa, basándose en el ISDS, podrá demandar a ese Estado ante uno de los tribunales de arbitraje amparados por el Banco Mundial, o por cualquier otro organismo internacional. Tribunales privados, que siempre fallan a favor de las empresas como se ha ido viendo en tratados anteriores. De una u otra forma, todo el poder quedará blindado para las transnacionales, nada para la ciudadanía.

Hoy es el día de la Lucha Campesina. Recordemos que la aplicación del acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá, firmado hace 21 años, ha supuesto la desaparición de la agricultura tradicional en México, y la ruina de millones de campesinos, ante la presión de las grandes firmas agroalimentarias estadounidenses.

Porque queremos una vida digna y con sentido, más allá de las fronteras, de las lenguas, de los océanos, en todas las capitales de Europa, Estados Unidos, en todo el mundo, nuestros pueblos se mandan hoy un abrazo y un cálido grito de ánimo. En las calles nos encontraremos y construiremos un mañana de cooperación y solidaridad con ciudadanas y ciudadanos del resto del Mundo.

 NO AL TTIP. NO A LOS ACUERDOS DE COMERCIO E INVERSIÓN.
NO AL GOBIERNO DE LAS TRANSNACIONALES.
SÍ A LA SOBERNÍA DE LOS PUEBLOS

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