DEL ESTADO SOCIAL, AL ESTADO PENAL…

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La casta privilegiada demuestra una vez más que acostumbrados como están a gozar de impunidad casi total, ésta  ya no les basta.

Por miedo a la justa protesta ciudadana, los privilegiados  ahora pretenden amurallarse, blindarse para seguir tranquilos con su tarea depredadora.

Para ello pretenden imponernos el “ver, oír y callar”, aunque sea a palos.

ANTEPROYECTO DE LEY DE “SEGURIDAD”  REPRESIÓN CIUDADANA

Serán consideradas infracciones graves multadas con entre 1.001 a 30.000 euros, alteración del orden público, injurias a los agentes de las fuerzas de seguridad, el cultivo de marihuana, el botellón, el daño de mobiliario publico entre otras acciones.

 

Atentado, resistencia y desobediencia. La definición del delito de atentado                   variara para incluir en él todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia sobre el agente de las fuerzas de seguridad o miembros de servicios de asistencia y rescate.

La acción de resistencia pasiva, junto a la desobediencia, se mantiene penada con entre seis meses y un año de cárcel. La falta de desobediencia desaparece, pero se sancionará como infracción administrativa en la Ley de Seguridad Ciudadana.

El artículo 550 pasa a decir:

“1.- Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.

2.- Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos”.

Además, si la autoridad contra la que se atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, Juez, Magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, “se impondrá la pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses.”

 

Nuevo artículo 557, que castiga con pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, a “los que, actuando en grupo, invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación relevante de su actividad normal”.

Nuevo artículo 560 bis, que sanciona a “quienes actuando individualmente, o mediante la acción concurrente de otros, interrumpan el funcionamiento de los servicios de telecomunicación o de los medios de transporte público y alteren con ello de forma grave la prestación normal del servicio”, con una pena de tres meses a dos años de prisión o multa de seis a veinticuatro meses.

El ciberactivismo o el simple apoyo a una acción expresado a través de las redes sociales puede suponer un delito según el nuevo artículo 559: “La distribución o difusión por cualquier medio de mensajes o consignas que inciten a la comisión de un delito de alteración del orden público [...] o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo“. La pena es una multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.

Se tratan como infracciones muy graves, multadas con entre 30.001 y 600.000 euros, la grabación de la policía durante el ejercicio de sus funciones, las concentraciones no comunicadas antes instituciones del Estado (Congreso, Senado, parlamentos autonómicos…) o los escraches.

“la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que se está planteando puede resultar incluso más preocupante que la reforma del Código Penal, dado que hay más gente expuesta a ella y las multas que se impondrán carecen de control judicial a priori. Es decir, si quieres que un juez revise la legalidad de tu sanción, al ser llevadas a través de lo contencioso administrativo, se tendrán que pagar las tasas judiciales correspondientes, con las nuevas y abusivas tarifas que conocemos”.

Así mismo, “como van a suprimir las faltas muchas de ellas pasan a infracción administrativa, multas que se imponen desde la Delegación del Gobierno, por lo que carecen de control judicial”

QUIEREN UN PUEBLO SUMISO Y SILENCIOSO QUE NO OPONGA RESISTENCIA A SUS “CANALLADAS”.

¿VAMOS A CONSENTIR ESTE NUEVO ATAQUE A LA CIUDADANÍA, ESTA NUEVA LEY ANTI -15M?

¡¡ HAY QUE PARARLES YA !! ¡¡ TOD@S A TOMAR LAS CALLES!!

ASAMBLEA POPULAR 15M LA CONCE

Recogida de firmas: http://www.peticiones.org/paremos-la-propuesta-de-nueva-ley-de-seguridad-ciudadana-1367.html